Chile: “No puede seguir siendo una respuesta permanente el aumentar el número de policías” (*)

En su despedida, el abogado plantea sus críticas a las fórmulas que se proponen para combatir los ilícitos, donde -dice- hay que privilegiar la capacitación y coordinación.

 

(*): La siguiente es la última entrevista concedida por el ex Defensor Nacional, Georgy Schubert, antes de dejar el cargo, el pasado viernes 29 de agosto. Fue públicada el sábado 30 en el diario El Mercurio.

Estuvo 14 años en el servicio, contando los tres en que lo dirigió. Fue uno de los 24 abogados contratados a honorarios a fines de octubre de 2000 por el programa de Defensa Pública para dar inicio al sistema, que se lanzó en diciembre de ese año. Y ayer (viernes 29) abandonó definitivamente el servicio para dedicarse al ejercicio privado de la profesión.

Su trabajo comenzó en la comuna de Carahue, una extensa zona forestal que en esos años casi el 60 por ciento de su población era rural. Conoce de cerca la realidad y los estragos de la violencia en La Araucanía.

-¿Cree que hay exceso de garantismo con el violentista mapuche?

-“Creo que no. Y pienso que en el conflicto mapuche no es correcto fijarse exclusivamente en la respuesta penal. Es un tema donde hay consenso que es un asunto político, social y cultural. Los delitos deben perseguirse y se deben castigar, pero cualquier observador se puede dar cuenta de que es un tema que excedió con creces lo penal”.

-¿Por qué lo afirma?

-“Porque no es cierto que si uno encarcelara a los violentista, sean cien, doscientos o trescientos, el tema se acaba. Porque hay un conflicto social y político real que está detrás y por tanto lo único que cambiaría probablemente serían las personas que luego empezarían la violencia”.

-Hay reclamos de que existen otros criterios para aplicar la ley en la Novena Región…

-“No he visto ninguna evidencia de eso”.

-Pero las víctimas sienten que hay impunidad y que han sido abandonadas…

-“Comprendo el sentimiento de las víctimas. Y creo que el Estado debe tener una respuesta para la gente que ha sufrido esos delitos y que ven que se repiten y sienten inseguridad. Pero esa respuesta no puede limitarse a lo que pasa en tribunales, tiene que ir mucho más allá. Se espera demasiado del sistema penal, que no es capaz de resolver conflictos sociales”.

-¿Está satisfecho con lo que hizo en La Araucanía?

-“Sí, porque creo que el gran desafío que teníamos como defensoría, que jurídicamente no somos autónomos, era mantener la independencia. En La Araucanía nos hemos visto enfrentados a casos donde al otro lado está el Estado, no solamente la fiscalía, sino que el Ejecutivo como querellante”.

-¿Han tenido presiones del Ejecutivo en algunos casos complicados?

-“El contexto siempre presiona, pero no ha existido ninguna intervención directa por parte de la autoridad política”.

-Explique lo del contexto…

-“Por ejemplo, hay períodos en que el Presidente de la República ha sido extremadamente duro, ha exigido incluso compromisos por parte de los tribunales. Y en ese contexto, uno debe ser independiente y defender las posiciones completamente contrarias”.

-¿Y eso inhibe a algunos defensores?

-“Creo que eso no ha sido así, pero ha sido tarea de los directivos de esta institución reforzar entre los abogados defensores que ellos tienen el respaldo, que tienen el apoyo, que trabajen con autonomía porque esa es nuestra obligación y nuestro deber. Si nosotros permitimos que eso interviniera, quiere decir que hemos fracasado en prestar defensa”.

-¿Cómo se combate la delincuencia?

-“La respuesta a la delincuencia no está en el sistema de justicia criminal. Son políticas públicas más complejas. Quedó demostrado en el gobierno pasado que no basta con soluciones fáciles de legislación, de mano dura. En ningún país ha resultado eso”.

-¿Las reformas al sistema de justicia son la solución?

-“Pienso que el énfasis no es el correcto. En todos los cambios que se han planteado al sistema de justicia penal se ha insistido en el tema legislativo. Pese a que los expertos, como por ejemplo en la ‘reforma a la reforma’, han señalado como prioridad la capacitación y la coordinación”.

-¿Cuál es su postura?

-“Me parece que no puede seguir siendo una respuesta permanente el aumentar el número de policías. En lo que se debe avanzar, y los expertos lo señalan, es en tener policías más capacitados, mejor remunerados, con mejores condiciones para prestar servicios. Primero logremos eso y después pensamos en reformas legislativas”.

 

DELITOS DE TORTURA: URGEN LOS CAMBIOS

-¿Aumentan las denuncias por delitos de tortura?

-“Siempre hemos dicho que el problema con este tipo de delitos es que no tenemos claridad de sus dimensiones, porque no existe una información completa y sistematizada. Lo ideal es que el ministerio público los separara e hiciera un seguimiento para ver si estos son hechos aislados o si en algunos lugares o en algunas circunstancias se transforman en hechos sistemáticos”.

-¿Cómo se indagan en la actualidad?

-“Hoy son las propias instituciones las que investigan las denuncias, más bien con carácter administrativo interno. Las investigaciones deberían ser mucho más públicas y a cargo de terceros independientes”.

-¿Y judicializadas?

-“Estas cosas deberían ser objeto de judicialización, respetando la presunción de inocencia. Pero no pueden quedar en el ámbito cerrado y privado de la institución”.

-¿Qué pasa con instituciones tales como Carabineros, PDI, Gendarmería o las Fuerzas Armadas? ¿Abren sus cuarteles para transparentar este tipo de hechos?

-“Aún estamos muy lentos. No es bueno que todavía estas denuncias de tortura, en el caso de Carabineros, sean de competencia de la Justicia Militar, un sistema que es escrito, que es secreto y que en general el que denuncia no tiene mayor información ni sabemos sus resultados. Aunque prácticamente todos los casos estadísticamente terminan en sobreseimiento”.

Respecto de su futuro profesional a partir de hoy, Georgy Schubert se incorporará a una oficina de abogados donde trabajan el ex fiscal Vinko Fodic, el ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia Gonzalo Yuseff y los abogados José Luis Andrés y Eduardo Riquelme.

:: Defensoría Penal Pública ::.

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