Chile: Avanza tramitación del proyecto de ley sobre defensa penal especializada en adolescentes

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó hoy tramitar el proyecto de ley que busca incorporar a la dotación de la Defensoría Penal Pública al equipo de profesionales que brinda defensa especializada en materia adolescente.

Se prevé que durante esta semana los diputados discutan en sala este proyecto de ley para su posterior votación. De ser aprobado pasará a la Comisión de Constitución del Senado, luego a la Comisión de Hacienda y finalmente a la Sala de la Cámara Alta, tras lo cual quedará listo para su promulgación.

El pasado 23 de septiembre, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados había aprobado por unanimidad, y tanto en general como en particular, el proyecto de ley que perfecciona la Ley N° 19.718 de la Defensoría Penal Pública, aumentando en 83 cargos la dotación máxima de personal institucional autorizado por la ley.

La iniciativa busca que los 50 defensores penales juveniles y otros 33 profesionales de apoyo y funcionarios administrativos responsables del modelo especializado de defensa penal pública adolescente -que hasta ahora trabajaban a honorarios- pasen a la modalidad de contrata, con todos los beneficios respectivos. Por lo mismo, modifica la actual dotación vigente de la institución, incrementándola en estos 83 cupos en total.

Básicamente, la iniciativa reconoce una necesidad que la Defensoría planteó desde el momento mismo de vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), contexto en que, desde entonces, la institución “ha asumido decididamente” la mantención de este modelo y de los profesionales que lo integran, a través de un programa piloto que permitió contratar a estos funcionarios bajo el sistema de honorarios para atender la demanda de defensa penal juvenil, “el que ha sido financiado desde el año 2006 mediante una reasignación presupuestaria”.

INFORME FINANCIERO

En detalle, el informe financiero que acompaña al proyecto, elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, calcula en poco más de 719 millones de pesos anuales el costo extra de traspasar estos funcionarios al régimen de contrata, “asociado a las prestaciones previsionales, aportes patronales, componente base y colectivo del bono de desempeño y nivelación de grados a los establecidos en la ley de planta de la Defensoría Penal Pública para estos cargos”.

El mismo informe agrega que este mayor gasto fiscal “se financiará con los recursos contemplados en el presupuesto de la Defensoría Penal Pública”, aunque el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, “suplementará dicho presupuesto en la parte del gasto que no pudiere financiar con los referidos recursos”.

:: Defensoría Penal Pública ::.

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