España: El expediente del violador de Ciudad Lineal cuestiona la reinserción social

El EXPEDIENTE carcelario del presunto violador de Ciudad Lineal, al que ha tenido acceso ELMUNDO, deja patente la casi nula capacidad de reinserción social de los delincuentes sexuales. Es preciso revisar el Código Penal, cuyo proyecto de reforma lleva un año parado en el Congreso, para proteger a la sociedad de aquellos criminales que, por su perfil psicológico, es muy probable que vuelvan a delinquir.

El caso de Antonio Ángel Ortiz resulta paradigmático porque, tras su detención el pasado día 24, acusado de raptar y violar a cinco niñas -más otras tres en grado de tentativa-, se supo que ya había pasado nueve años en la cárcel por secuestrar y agredir sexualmente a una pequeña de siete años, y que durante su estancia en prisión, entre 1999 y 2008, nunca quiso someterse a tratamiento psicológico. Aunque se pudo beneficiar de recompensas penitenciarias por participar de actividades deportivas y por matricularse en Pedagogía en la UNED, los psicólogos y trabajadores sociales que lo trataron siempre alertaron de su «nulo sentimiento de culpa», de su «frialdad emocional» y de su «incapacidad para interiorizar la gravedad de su comportamiento ni las repercusiones de su conducta hacia las víctimas».

Los informes de los terapeutas, que insistieron reiteradamente en que Ortiz debía someterse a un tratamiento específico, fueron claves para que Vigilancia Penitenciaria le denegara un permiso en diciembre de 2003 -que la Audiencia Nacional le concedió unos meses más tarde- y para que la Junta de Tratamiento de la cárcel de Aranjuez no le concediera la libertad condicional en 2006.

Es decir, los mecanismos de alerta sí funcionaron, pero falló la reinserción porque, en este caso, como en los de tantos otros depredadores sexuales, era imposible. Ortiz cumplió su pena y, según todos los indicios, retomó su carrera criminal con delitos aún más graves. Los penalistas y legisladores no pueden darle la espalda a esta realidad.

No se trata de eliminar o reducir los beneficios penitenciarios en casos de buena conducta, ni mucho menos de limitar el mandato constitucional de que la privación de libertad tenga como objetivo la reeducación.Pero sí de poner sobre la mesa medidas extraordinarias ante casos excepcionales. Hay que contemplar otras alternativas, como la prisión permanente revisable y el endurecimiento de las medidas post condena. El Gobierno renunció a la custodia de seguridad tras haberla planteado. Establecer protocolos de libertad vigilada parece una medida proporcionada. Sobre todo, en aquellos casos concretos en los que los psicólogos y terapeutas advierten de un alto riesgo de reincidencia.

El expediente del violador de Ciudad Lineal cuestiona la reinserción social | Opinión | EL MUNDO.

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