EEUU: Sticker Shock, Calculating the Full Price Tag for Youth Incarceration

Thirty-three U.S. states and jurisdictions spend $100,000 or more annually to incarcerate a young person, and continue to generate outcomes that result in even greater costs. Our new report, Sticker Shock: Calculating the Full Price Tag for Youth Incarceration, provides estimates of the overall costs resulting from the negative outcomes associated with incarceration. The report finds that these long-term consequences of incarcerating young people could cost taxpayers $8 billion to $21 billion each year.

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Sticker Shock: Calculating the Full Price Tag for Youth Incarceration

Executive Summary

Appendix

Press Release

FACTSHEET: The tip of the iceberg: What taxpayers pay to incarcerate youth (Citations)

FACTSHEET: U.S. Youth Incarceration in an International Perspective

Media Coverage

OP-ED: Costs to Incarcerate Young People Tip of Iceberg (Juvenile Justice Information Exchange)

89.7 WKSU (Kent OH)

90.7 WMFE (Orlando)

AL.com (Alabama)

(Click to Enlarge)

Capital Public Radio (Sacramento)

Dayton Daily News

Las Vegas Review-Journal

Montana Public Radio

New England Public Radio (Massachusetts)

Northern Public Radio (Illinois)

Omaha Public Radio

Pacific Standard

PBS Frontline

The Bergen Dispatch

The Columbus Dispatch

The Crime Report

The Sacramento Bee

The StarTribune (Minneapolis)

The Times-Picayune (New Orleans)

The Washington Post

U.S. News & World Report

Utah Public Radio

Winston-Salem Journal

Additional Resources

The information contained in Sticker Shock is based on emerging and new work that seeks to quantify what the long-term costs incarceration can have on young people, taxpayers and our communities, and what action policymakers can take to reduce these costs, and help young people.

Along with Sticker Shock, JPI recommends these other additional resources to help the field build its understanding of these issues:

Cost Benefit Analysis Unit of the Vera Institute of Justice

Washington State Institute for Public Policy

The Economic Value of Opportunity Youth  (2012)—Research for the Corporation for National and Community Service and the White House Council for Community Solutions

Standardized Program Evaluation Protocol

Journal of Quantitative Criminology

Positive Youth Justice

Costs and Benefits of Rehabilitation: How the Public Views Policy Alternatives (MacArthur Foundation Research Network on Adolescent Development and Juvenile Justice)

National Juvenile Justice Network Fiscal Policy Center

Tip Sheet on the Costs of Community-Based Supervision

No Place for Kids: The Case for Reducing Juvenile Incarceration

 

Sticker Shock: Calculating the Full Price Tag for Youth Incarceration — Justice Policy Institute.

Argentina: Reincidencia extrema; un hombre recibió diez condenas

 

Con 35 años, Jorge Darío Pereyra ya sumó diez condenas en su contra: delinque, lo encierran, sale y vuelve a delinquir. Hoy se encuentra en la cárcel por una condena de seis años y cuatro meses por robar en Córdoba una casa mientras sus dueños se ausentaron.

La fiscal Laura Battistelli reconoció a Clarín que Pereyra recibe condenas “chicas” y que su caso es un reflejo del fracaso de la reinserción social que se busca.

La primera condena que recibió Pereyra fue en marzo de 1996, dos semanas antes de que cumpliera 17 años. La sentencia, en aquella ocasión, quedó en suspenso porque era menor de edad. Era por robo calificado.

La madre del delincuente, Elsa, recordó que cuando su dejó la escuela trabajó en un supermercado donde al poco tiempo renunció. “Empezó a limpiar vidrios, se juntó con otra gente y no lo pude parar más”, lamenta.

Entre mayo y diciembre de 1998, entró cinco veces a la comisaría. A los 21, en diciembre de 2000, recibió su primera sentencia tras haber cumplido 18. Le dieron tres años y medio de cárcel por robo, estafa y violación de domicilio. Entre el 2000 y el 2005 recibió otras cinco condenas que iban desde el hurto simple hasta el robo calificado y la estafa. Estuvo preso, en promedio, un año por cada sentencia.

La última pena fue el 15 de septiembre en 2013 cuando robó en una casa cerca de la suya. La madre, lógico, intentó justificarlo: “Nunca usó un arma, siempre aprovechó que no hubiera nadie”.

Hoy, la Justicia mantiene a Pereyra tras las rejas.

vía Reincidencia extrema: un ladrón recibió diez condenas – Tiempo de San Juan.

International Prison News Digest Issue 23

ICPS has produced the twenty third issue of its News Digest, which is a selection of news items from around the world on prison and the use of imprisonment.

We aim in the Digest to cover all regions and include new developments in policy and practice, as well as information from official and intergovernmental bodies.

The Digest is produced bi-monthly and this issue covers the period from 1 September to 31 October 2014.

The twenty third issue of the Digest can be downloaded here

If you have any feedback or would like to be added to the mailing list for future editions of the Digest please email h.fair@bbk.ac.uk

vía International Prison News Digest Issue 23 | International Centre for Prison Studies.

Guatemala: Impartirán primer Diplomado centroamericano sobre Reforma Procesal Penal

Un acuerdo marco entre la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, permitirá la realización durante el año 2015 del primer Diplomado Centroamericano sobre Reforma Procesal Penal, que se realizará en conjunto entre ambas instituciones y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala –ICCPG.

El acuerdo – suscrito hoy por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Carlos Alvarado Cerezo; el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de USAC, Avidán Ortiz Orellana y el director ejecutivo de CEJA, Jaime Arellano Quintana- establece un marco general de cooperación entre la Universidad y el Centro, para el desarrollo y organización del “Diplomado Centroamericano sobre Reforma Procesal Penal”.

 

El diplomado tendrá una duración de 40 semanas y constará de tres fases, dos de ellas presenciales a desarrollarse en ciudad de Guatemala y una fase virtual intermedia a distancia. Estará dirigido a abogados de los distintos países de América Central, el Caribe y México que se desempeñan en las diversas instituciones del sistema de justicia penal de sus países (Poder Judicial, Ministerio Público, Defensorías Públicas o Privadas, Poder Ejecutivo, Policías, Colegios de Abogados, etc.) o con intereses profesionales o académicos en el desarrollo de los mismos (Universidades, Institutos, ONGs, etc.).

vía Impartirán primer Diplomado centroamericano sobre Reforma Procesal Penal.

Latinoamérica: Director Ejecutivo de CEJA expone sobre mecanismos alternativos al proceso judicial en la región

Con una exposición sobre los mecanismos alternativos al proceso judicial en la región, el director ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, Jaime Arellano, participó en la Reunión Técnica de los Ministerios de Justicia en Cooperación Jurídica en Acceso a la Justicia, realizado el 10 y 11 de diciembre en Cartagena de Indias, Colombia.

Esta reunión fue acordada en la IX Reunión de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA), realizada en Ecuador el año 2012, con la finalidad de intercambiar información y experiencias en acceso a la justicia y de formular recomendaciones para fortalecer la cooperación jurídica hemisférica en este campo.

Jaime Arellano participó en el primer panel, denominado “Algunos desarrollos regionales y estudios y programas de la sociedad civil en acceso a la justicia”, con una visión práctica desde las políticas públicas, de los mecanismos alternativos al proceso judicial en la región. Junto a él, participaron en el panel la representante de Argentina ante la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), María Julia Rodríguez; el representante de la Secretaría General de la COMJIB, Federico Ruiz, la Directora Ejecutiva de la Corporación Excelencia en la Justicia de Colombia, Gloria María Borrero Restrepo; y el representante del Instituto de Defensa Legal de Perú (IDL), Ernesto de la Jara.

El director ejecutivo de CEJA explicó cómo se ha avanzado en la región desde una primera ola de mecanismos alternativos a la solución de conflictos (MASC), que en general no se han convertido en políticas públicas sustentables para favorecer de forma sistemática el Acceso a la Justicia, a una segunda ola, de Mecanismos Alternativos al Proceso Judicial (MAPJ), con orientación de políticas públicas con mayor direccionamiento hacia el perfil del ciudadano (a) que demanda estos servicios.

Destacó Arellano que con el apoyo de la International Development Research Centre, IDRC, de Canadá, CEJA está desarrollando una investigación que permitirá generar y diseminar un conjunto de recomendaciones dirigidas a las instituciones, académicos y operadores del sistema de justicia, para mejorar la discusión, elaboración e implementación de políticas públicas relativas a los MAPJ.

Dicha investigación comenzó en el año 2013 y en su primera fase se elaboró un estudio de línea de base que permitió determinar la información disponible, lo que arrojó la cifra de 207 MAPJ en 19 países de América Latina y el Caribe; se recopilaron más de 130 materiales bibliográficos y académicos que componen un Centro de Documentación especializado en Mecanismos Alternativos al Proceso Judicial y Acceso a la Justicia; y se construyeron infografías que dan cuenta de manera didáctica la realidad de los MAPJ en la región . Toda esta información está disponible en el sitio http://www.cejamericas.org.

El siguiente paso del proyecto – en desarrollo- es la elaboración de 4 estudios de caso de experiencias en la región: el Programa Nacional de Casas de Justicia en Colombia, los Centros de Mediación del Organismo Judicial en Guatemala, las Casas de Justicia de Bolivia, y un estudio de la Mediación Civil Obligatoria en Argentina.

vía Director Ejecutivo de CEJA expone sobre mecanismos alternativos al proceso judicial en la región.

Perú: Por una justicia rápida, clara y con autonomía

De manera interdisciplinaria, las instituciones vinculadas al servicio de justicia prevén la coordinación de esfuerzos en 2015 para avanzar en la implementación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en cuatro nuevas cortes superiores, como son Huancavelica, Apurímac, Junín y Ayacucho.

El Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia también se alistan para la aprobación de diez nuevos planes locales para la consolidación de esta reforma en los distritos judiciales donde ya se ha implementado el cambio de la justicia penal.

Con el inicio de una nueva gestión, bajo el liderazgo del magistrado Víctor Ticona, la judicatura peruana espera avanzar en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales tribunales y aduaneros, así como de tránsito y seguridad vial. En forma general, proyecta resolver 1’184,627 expedientes en las diversas cortes superiores y 30,370 en las salas de la Corte Suprema.

Atención al usuario

Otra prioridad será la reducción en 5% de los tiempos promedio de demora de los procesos judiciales de familia, laboral y comercial. Continuar, asimismo, con la contratación de equipos multidisciplinarios para la especialidad de familia y del equipo de peritos para la especialidad laboral; avanzar en la mejora de procedimientos en mesa de partes y adecuación de despachos, entre otros aspectos esenciales para mejorar la justicia en el país.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo, adelantó que su cartera dará prioridad a la instalación de servicios de readaptación social en los nuevos establecimientos penitenciarios de Ica y Arequipa; y a la ampliación de la capacidad de albergue y el mejoramiento del servicio de readaptación.

Afianzará, igualmente, sus principales líneas estratégicas, como la implementación de la política contra el crimen con énfasis en la seguridad ciudadana; el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado con prevalencia de la lucha contra la corrupción; el acceso y calidad de servicios de justicia, en especial para la población en situación de vulnerabilidad; la promoción y protección de los deberes y derechos humanos, y, en general, el fortalecimiento del marco regulatorio.

Protección de datos

Otro de los retos de este sector será el incremento del 150% del número de inscripciones de bancos de datos personales en el registro nacional de protección de datos personales, respecto del número de anotaciones en 2014.

Para el próximo año, asimismo, proyecta entregar reparaciones a 110 comunidades, con lo cual se cubriría el 38% de las comunidades reparadas a escala nacional, respecto al total por atender.

Fortalecer también la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016 y del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos; convocar las 276 plazas notariales que quedaron vacantes, e implementar un sistema de servicio de atención virtual de quejas por mala práctica de la función notarial en el ámbito nacional.

Asistencia a víctimas

La prioridad del Ministerio Público para 2015 será afianzar las acciones para la persecución estratégica del delito. Así, proyecta atender a 36,213 personas dentro de su programa para la asistencia a víctimas y testigos. Atender a 857 adolescentes en el marco del programa de Justicia Juvenil Restaurativa, y seguir con la promoción de fiscales escolares, jóvenes líderes y las jornadas de acercamiento a la población.

1.18

millones de expedientes espera resolver el poder judicial durante 2015.

4

nuevas cortes empezarán a aplicar en 2015 el ncpp.

vía Por una justicia rápida, clara y con autonomía.

Chile: Autoridad de Justicia apunta a la reinserción social y promoción de Derechos Humanos

Queda solo un día del 2014 y ya comienzan los balances y las proyecciones para el 2015. En este sentido, la secretaria regional ministerial (seremi) de Justicia, Yosselin Moyano, se refirió a su gestión y a las acciones que se ha propuesto como servicio de cara al próximo año, donde el énfasis está en la reinserción social.

“Como Seremía de Justicia estamos bastantes satisfechos, ha sido una tarea ardua pero creo que se han logrado resultados bastantes significativos y que marcan el camino de los que se está desarrollando en la Región. Básicamente el énfasis está en dos temáticas: una de ellas en materia de promoción y prevención con respecto a los Derechos Humanos; y en el ámbito de la participación ciudadana del sector justicia”, manifestó la jefa de la cartera.

Respecto a la promoción de los lineamientos a los DD.HH., la autoridad destacó la creación de la primera unidad regional de esa área implementada en Gendarmería, luego de los hechos de apremios ilegítimos ocurridos en el penal de Rancagua en agosto de este año, cuando funcionarios golpearon a internos.

“Esta estructura  que se crea en la administración pública regional nos pone en el liderazgo a nivel de regiones, respecto a lo que tiene que ver con la promoción  de los Derechos Humanos (…) Con esto se pone en marcha la creación de una Superintendencia de DD.HH., que se plantea a través de una agenda legislativa bastante importante”, explicó Moyano.

En torno a las proyecciones, el horizonte apunta a la reinserción social integral. “Se trata de potenciar y financiar el desarrollo de proyectos que nos permitan lograr efectos  para mejorar las expectativas de la familia como de la persona para que no se produzcan hechos de violencia cuando ellos terminen de  cumplir su condena y romper el círculo que se produce en ocasiones  de volver a cometer delitos cuando se sale de la cárcel”, indicó la seremi de Justicia.

vía Autoridad de Justicia apunta a la reinserción social y promoción de Derechos Humanos @ElTipografo.