Santiago I es la cárcel concesionada más grande del país, pues su diseño original contemplaba instalaciones para 2 mil 500 internos. Sin embargo, los cambios legislativos de los últimos años -que han facilitado la aplicación de la prisión preventiva- provocaron el rápido copamiento de ese enorme recinto penal, que hoy ya reúne 3 mil 950 imputados. De hecho, el Gobierno debió dictar un decreto, elevando el número de reclusos de ese recinto a 4 mil personas.
En ese contexto, cerca de 300 jóvenes de dos módulos de ese centro de detención -donde abundan veinteañeros imputados por delitos de robo- participaron en un diálogo participativo organizado por la Unidad de Comunicaciones de la Defensoría Regional Metropolitana Norte (DRMN).
Las defensoras públicas Alicia Corvalán, Irka Contreras y Kaliope Tampoullis, junto al abogado Rubén Romero, de la Unidad de Estudios, les expusieron acerca de los verdaderos derechos que tienen los imputados en el proceso penal, en contraposición a una suerte de mitología que los internos manejan respecto de supuestos beneficios que creen tener.
Las abogadas explicaron a los jóvenes que la mayoría de los errores parten por interpretaciones antojadizas de los propios imputados, quienes creen tener calificaciones menores que las que las pruebas indican en su contra.
“Me han tocado imputados que juran que cometieron un robo por sorpresa, pero el fiscal tiene certificados que demuestran que la víctima tenía golpes en la cara. Con eso lo van a formalizar por robo con violencia, que tiene una pena mucho mayor”, explicó Alicia Corvalán.
CONVICCIONES ERRADAS
Las defensoras públicas echaron mano de su larga experiencia para aclarar algunas muletillas que sus defendidos muchas veces les representan. Es el caso del “primerizo en causa”, que se refiere a aquél que por primera vez es encausado en un delito determinado, aunque tenga pasadas anteriores por el sistema penal, por otro tipo de delitos.
“Olvídense. El primerizo es el que es formalizado por primera vez, cualquiera sea el delito”, les dijo Alicia Corvalán. Otro caso que citó fue el de “no hay reclamante”, referido a cuando en un delito la víctima ha decidido marginarse de la investigación.
“No es así. La acción penal pública la ejerce la Fiscalía y los va a perseguir igual, aunque la víctima se desista de buscar una castigo en contra del imputado”, agregó.
También se mencionó la “reserva de beneficios”, otro gran mito entre los internos, que ocurre cuando un imputado reincidente no ha recibido beneficios en delitos anteriores, de modo que podría ocuparlos en una causa posterior. “Eso no existe”, subrayó Corvalán.
Otro mito es el de “no hay especies”. Frecuentemente –aseveró-, los imputados por robo con intimidación creen que quedarán libres si no aparecen las especies robadas. “Error. Si los identifican están fritos igual”, les precisó la defensora pública.
Finalmente, recordó que muchos imputados mencionan la “irreprochable conducta”, porque si bien tienen anteriores delitos, éstos fueron cometidos por ellos como menores de edad. “Creen que pueden invocar la atenuante porque las condenas que tienen fueron antes de que cumplieran 18 años, pero es muy difícil. Aunque los defensores públicos peleamos el punto, la experiencia dice que los tribunales no aceptan la irreprochable conducta anterior cuando hay condenas, aunque haya sido cuando la persona era menor de edad”, concluyó.
NO MENTIR AL DEFENSOR
En su exposición, Rubén Romero les explicó los derechos que los imputados tienen en el juicio abreviado, contexto en que enfatizó que no hay una regla absoluta en cuanto a su conveniencia, sino que depende de cada caso.
“Hay causas en que el defensor puede apreciar que la Fiscalía no tiene suficiente prueba, por lo que puede haber buenas posibilidades de éxito en un juicio oral. Pero en otras causas la prueba del fiscal puede ser lapidaria, por lo que la posibilidad de un juicio abreviado puede ser conveniente para el imputado”, explicó.
Finalmente, el profesional les transmitió un consejo muy importante: “No mientan a su defensor, porque eso puede llevarlo a asumir estrategias equivocadas en el juicio, lo que puede perjudicarlos”.
La actividad concluyó con la atención personalizada de los cuatro profesionales de la Defensoría a los internos, momento en que éstos pudieron plantear dudas específicas de sus causas.
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