Chile: Frustran intento de 6 jóvenes de fugarse de recinto exTalay para infractores de ley | Diario El Día

Tensos momentos se vivieron ayer, cerca de las 16:30 horas, en dependencias del CIP-CRC La Serena, recinto conocido también como exTalay de Las Compañías, que alberga a jóvenes infractores de ley en proceso de reinserción social. Acá se produjo un intento de fuga por parte de 6 jóvenes, todos ellos mayores de 18 años, pero se vieron frustradas sus intenciones.

Este inmueble dependiente del Sename, donde funciona un Centro de Internación Provisoria y un Centro de Régimen Cerrado, cuenta con vigilancia de Gendarmería, quienes fueron los primeros que actuaron, tomando detenidos a 2 de los internos antes que abandonaran los límites del recinto. Otros 3 lograron ser recapturados igual, mientras que el último fue detenido por Carabineros.

“Es una situación preocupante, que lamentamos”, sostuvo el seremi de Justicia, Carlos Galleguillos, aunque destacó que “tenemos que felicitar el trabajo que ha hecho profesionalmente Gendarmería de Chile, puesto que lograron recapturar a 3 de estos jóvenes. Y también el apoyo que hemos tenido de Carabineros”.

Por su parte, el director regional (S) de Gendarmería, Iván Betancourt, explicó que “los internos trataron de vulnerar los sistemas de seguridad, comenzaron a apedrear el puesto de vigilancia número 4 con la intención de evadirse. Eran 6 jóvenes y 4 lograron el objetivo”.  Sin embargo, la situación pudo ser controlada. Hubo disparos de advertencia, recibiendo uno de los internos perdigones,quedando con lesiones leves. Un funcionario sufrió un esguince.

Patricia Castro, directora (s) de Sename señaló que “se está constatando el estado de salud de los jóvenes y al mismo tiempo se están tomando las medidas preventivas acá en el recinto, ya sea ubicándolos en alguna estancia especial y acompañándolos con psicólogo o encargado de caso”.

vía Frustran intento de 6 jóvenes de fugarse de recinto exTalay para infractores de ley | Diario El Día.

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Columna de Opinión: Prisión Permanente Revisable; por Ramón Rodríguez Arribas, Ex-Vicepresidente del Tribunal Constitucional

La reciente aprobación por el Congreso de los Diputados (aún pendiente del trámite parlamentario del Senado) de la reforma del Código Penal, en cuanto incluye la figura de la “prisión permanente revisable”, ha recrudecido la vieja polémica sobre esta pena, que se separa de la “cadena perpetua” precisamente porque puede dejar de ser perpetua, accediendo el condenado a la libertad en alguna de las sucesivas y periódicas revisiones que la Ley ordena realizar al Tribunal sentenciador; sistema que, con variantes de tiempo mínimo, está vigente en los más importantes países de la Unión Europea.

No entraré en el debate político sobre la conveniencia y oportunidad de la reforma legislativa, donde hay posturas ideológicas enfrentadas, pero sí creo que son convenientes algunas reflexiones jurídicas desde la perspectiva de lo que suele llamarse “el hombre de la calle”.

Se dice que la nueva máxima pena, que se pretende introducir en el Código Penal, es contraria a la finalidad resocializadora y hasta que se vulneraría la dignidad de la persona y con ella los derechos humanos.

Aunque la afirmación pueda resultar chocante, tengo que reconocer que nunca he aceptado que la reeducación del condenado sea un fin de la pena de prisión, sencillamente porque la Constitución no lo dice. El artículo 25.2 CE lo que dice es lo siguiente: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”; la palabra “orientadas” apunta más a las condiciones de ejecución de la pena que no a la finalidad de su establecimiento y sin duda lo que pretendió el constituyente fue impedir que la cárcel fuera un almacén de delincuentes, recluidos a la espera del paso del tiempo de la condena y por eso lo ligó con la prohibición de los “trabajos forzados”; por el contrario, de lo que se trataba era de que el tiempo en prisión se utilizara para llevar a cabo un verdadero tratamiento de la patología psico-social del penado que le llevó a cometer el delito.

En realidad siempre he pensado que los fines de las penas siguen siendo los tradicionales, a saber: El retributivo, el de prevención general y el de prevención especial, es decir, respectivamente y dicho en palabras corrientes, las penas persiguen el castigo del mal causado y su reparación, en ejercicio de la vindicta pública (en latín se acepta mejor) venganza que el Estado ha de ejercer sobre el autor del hecho criminal en contrapartida de la renuncia a la venganza privada que hacen los ciudadanos al integrarse en el pacto social y de cuya renuncia es en España paradigma la conducta de las víctimas del terrorismo, que siempre han reclamado justicia sin pensar siquiera en tomársela por su mano. Pero las penas también persiguen una ejemplaridad disuasoria para el conjunto de los ciudadanos, a los que advierten de las consecuencias de delinquir, y otra finalidad de escarmiento individual del autor del delito.

El que, conforme a la redacción literal de la Constitución, la reinserción social sea la necesaria orientación de la ejecución de las penas de prisión, no hace disminuir su importancia, pero ha de ponerse cada cosa en su sitio. Esto es, la finalidad de las penas en general, por un lado, y por otro la orientación hacia la reinserción social con que han de aplicarse las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad.

Pues bien, en el caso de gravísimos crímenes, si transcurrido el tiempo de una condena prolongada, aunque mínima inicialmente, el delincuente sometido al tratamiento resocializador, continuara siendo un peligro para los demás, es patente que aquel remedio había resultado insuficiente y es razonable pretender continuarlo por un tiempo mayor, porque lo que no es justo de ninguna manera es someter al resto de los ciudadanos al riesgo, más que probable, de que el delincuente no resocializado cometa nuevos crímenes; y ello es así porque, de paso, hay que afirmar que también son dignos de protección los derechos humanos de quienes son víctimas de terroristas no arrepentidos o de psicópatas no curados.

Visto de esta manera que, a mi juicio es como debe mirarse, no parece que la pena de prisión permanente revisable contradiga la orientación a la reinserción social con que se han de aplicar las penas privativas de libertad, según establece nuestra Constitución, por el contrario vendría a satisfacer una verdadera reclamación popular perfectamente detectable en cualquier conversación sobre el asunto.

En efecto, todos hemos visto con una mezcla de estupor, repugnancia e indignación, el espectáculo que ofrecen algunos abyectos criminales, de los que disparan por la espalda y rematan en el suelo o hacen estallar bombas a distancia, sobre seres inocentes e indefensos, y que después alardean de sus asesinatos, celebran en la cárcel los que cometen sus compinches y cuando salen lo hacen con altanería, como triunfadores, poniendo de manifiesto chulescamente su falta de arrepentimiento. En otras ocasiones, igualmente indignantes, son violadores en serie, que disfrutaron con la muerte de la persona sexualmente agredida -en muchos casos niños- y que reinciden en el primer permiso penitenciario o al término de su condena.

Ante estas situaciones, a las que hemos asistido recientemente, no puede extrañar que un sector numeroso de la población clame porque se establezcan medidas punitivas más duras y que garanticen mejor la seguridad de los ciudadanos honrados. Esas voces merecen ser escuchadas, porque no hay que olvidar que la justificación de que se tipifique como delito una conducta y se sancione con una pena, está en el reproche social del que son titulares el conjunto de los ciudadanos y no los eruditos del derecho.

Sería deseable que el debate se centrara en los delitos que han de ser castigados con la nueva pena y en el establecimiento de procedimientos eficaces, objetivos y científicamente adecuados para que ningún criminal verdaderamente recuperado para la sociedad continúe en prisión. Desgraciadamente es de temer que el ruido del partidismo político impida un sereno examen de estas cuestiones.

Prisión Permanente Revisable; por Ramón Rodríguez Arribas, Ex-Vicepresidente del Tribunal Constitucional.

EEUU: Continúan abusos en correccionales

A pesar de la reforma que duró ocho años al Departamento de Justicia Juvenil de Texas, siguen surgiendo reportes de carceleros que abusan de los internos juveniles en instalaciones adminis-tradas por el estado, incluyendo un centro local, dando percepción de nuevos retos en estas instalaciones.

José Jiménez, de 32 años de edad, un oficial correccional del Centro Juvenil Regional Evins, fue fichado el viernes en la Cárcel del Condado Hidalgo bajo cargos de opresión oficial, un delito menor Clase A. Jiménez está acusado de golpear a dos jóvenes que habían robado un control remoto en el centro, de acuerdo con un reporte de KGBT-TV.

El mes pasado, el ex director de seguridad de las mismas instalaciones, Pete Vega Martínez, no refutó los cargos de manipulación de evidencia física tras presuntamente borrar un video que mostraba a otro carcelero golpeando a un interno menor en abril de 2013. Se le otorgó diferimiento de dictamen y recibió dos años de libertad condicional por la felonía en tercer grado.

Julián Rey Fuentes, el carcelero atrapado en video agrediendo a un menor, recibió un año de libertad condicional tras declararse culpable de opresión oficial en noviembre.

Un reporte de investigación reciente-mente dado a conocer por la Oficina del Inspector General del departamento juvenil revela que Fuentes usó fuerza excesiva en aproximadamente 20 jóvenes de enero a junio de 2013, cuando fue despedido.

El reporte, escrito en julio 2013, detalla a Fuentes golpeando, pateando, y azotando su cuerpo de 250 libras sobre el menor de edad – algunos de ellos esposados durante el hecho. En una agresión, se reporta que un interno de 17 años de edad, retó a Fuentes a “catch cell” o pelear en la celda, donde Fuentes golpeó al menor repetidamente y luchó con él en el piso, “sujetándolo al piso”, de acuerdo con el reporte.

Después de varios minutos Fuentes salió de la celda del menor y dijo a otros que nada había sucedido. En una declaración escrita voluntaria, Fuentes más tarde confesó que los oficiales correccionales juveniles y otros jóvenes peleaban adentro de las celdas para “desfogarse” y ninguno reportaba los incidentes, dice el reporte.

Evins era uno de los muchos centros de detención juveniles administrados por el estado bajo escrutinio del Departamento de Justicia de Estados Unidos por reportes sin precedentes de abuso. En el 2005, hubo más de mil 25 reportes de abuso de jóvenes-a –jóvenes en Evins– casi cinco veces el promedio nacional, de acuerdo con un reporte del 2007, del departamento de justicia.

Ese año, los legisladores de Texas reformaron todo el sistema correccional juvenil administrado por el estado debido a los reportes en Evins y otras instalaciones.

Las reformas tuvieron tanto efectos negativos como positivos en la población de internos juveniles del estado. Hubo una disminución de aproximadamente 5 mil a mil jóvenes en las instalaciones correccionales administradas por el estado como resultado de la legislación del 2007, de acuerdo con un estudio dado a conocer el jueves por el Council of State Governments Justice Center.

El estudio revisó más de 1 millón de casos en Texas durante un período de ocho años y se enfocó en la disminución del 65 por ciento en delincuentes juveniles reincidentes en el estado.

“Es un día distinto que en el 2007, gracias a las reformas”, dijo David Riley, director ejecutivo del departamento de justicia juvenil del estado. “Las instalaciones mismas presentan retos que no hemos superado pero esa es la dirección en la que vamos, solo tomará más tiempo llegar allí”.

La disminución en población ocasionó que muchas instalaciones cerraran. Las que se quedaron abiertas enfrentaron poca dotación de personal y muchos cambios culturales que todavía estaban contribuyendo a los reportes de abuso, dijo Jim Hurley, portavoz del departamento juvenil, después de los arrestos de Vega y Fuentes en junio de 2013.

El Senador Estatal John Whitmire, Demócrata por Houston, quien preside el Comité de Justicia Criminal del Senado de Texas, dijo el jueves que están todavía trabajando para disminuir los reportes de abuso en las siguientes cinco instalaciones administradas por el estado, incluyendo Evins.

“Si las reformas contribuyeron significativamente a menos abuso y violaciones pero todavía hay algunas, y demasiado en algunas de estas instalaciones que son difíciles de operar”, dijo Whitmire. “El simple hecho de que tenemos 4 mil menos chicos en esos lugares es una tremenda mejoría en menos abuso”.

Whitmire explicaba que hay una gran población de internos acusados de felonías en instalaciones como Evins donde hubo un incremento drástico de internos a mediados del 2012, que pudo haber contribuido a actos de abuso.

“Ahora tienes que ser un felón para ir a un lugar estatal”, dijo Whitmire. “Es un grupo más rudo de jóvenes que cuando teníamos 5 mil. Entonces podías llegar allí por ser un ebrio reincidente o un joven incontrolable, ahora tienes que ser felón o un felón reincidente y un claro peligro para tu comunidad”.

vía EDINBURG: Continúan abusos en correccionales – El Nuevo Heraldo: Noticias Locales.

El Salvador: Ernesto Muyshondt: “Los pandilleros quieren oportunidades”

Ernesto Muydhondt, candidato a diputado por el partido ARENA, dijo hoy en una entrevista radial que el Estado debe invertir más en programas de reinserción para pandilleros y sus familiares como parte de los planes para el combate de la inseguridad.

“Los pandilleros quieren oportunidades, ya no quieren tener que vivir de la renta de la ciudadanía y hace falta darles oportunidades. Es importante la reinserción, hay casos exitosos en los que se han vuelto ciudadanos productivos”, señaló el aspirante tricolor durante una entrevista en la radio Cadena Central.

Muyshondt considera que junto a la represión del delito y los planes de investigación, las autoridades deben tener planes para desarrollar proyectos de beneficio para los pandilleros que buscan reintegrarse a la sociedad y para los jóvenes en riesgo.

Aunque no habló de sus propuestas como candidato a diputado, el tricolor aseguró que el gobierno debe considerar y analizar propuestas de seguridad que han sido exitosas en otros países, y puso como ejemplo el del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani.

“Hay que analizar casos exitosos que se han dado en el mundo y aplicarlos aquí. Nueva York era una de las ciudades más peligrosas del mundo, hay que ver lo bueno que hizo el alcalde Giuliani, que se pueda aplicar al país”, acotó el candidato.

Muyshondt criticó la postura del gobierno y aseguró que es “evidente” que ha habido alguna negociación entre el Ejecutivo y pandilleros, ya que el 22 de enero no se registró ningún asesinato en el país.

Según el arenero, el gobierno debe ser transparente y aclarar a la población si ha habido o no diálogos directos con los pandilleros recluidos en las cárceles para lograr la disminución de los homicidios desde ese día.

vía Diario digital de noticias de El Salvador.

Columna de Opinión: Soy mejor que tú porque me opongo a la cadena perpetua – Daniel Rodríguez Herrera

Existen en España numerosos ungidos que se muestran tremendamente indignados por la firma de un pacto entre PP y PSOE que abre la puerta a la cadena perpetua revisable para condenados por delitos terroristas. Entiendo que haya socialistas preocupados por la foto de Sánchez junto a Rajoy. Es normal. A estas alturas, electoralmente es probable que sea más dañina una imagen así que, pongamos, la de miembros de tu partido sentándose en la misma mesa con representantes batasunos para negociar algo; así de podrida está España. Pero no es eso: hay gente que se considera moralmente superior por el hecho de oponerse a que asesinos en serie o los que violan y matan niñas no salgan nunca de la cárcel si se estima que no pueden reinsertarse en la sociedad.

El argumento leguleyo estaría en la supuesta violación del artículo 25.2 de la Constitución, ese tan absurdo que dice que las penas de cárcel deben estar orientadas a la reinserción y nada más; absurdo porque, tomado literalmente, debería implicar que todas las penas de cárcel fueran cadena perpetua revisable, ya que, si no hay que tomar en consideración nada más que la reeducación y reinserción social, el delincuente debería seguir en la trena hasta que se le considerase apto para regresar a la vida.

Naturalmente, cualquier sistema penal debe evaluar muchas más cosas aparte de la reinserción, y de hecho lo hace. Entre los objetivos debería estar el adecuamiento de la pena a la gravedad del delito, algo en lo que quizá se echa en falta un poco de mesura en lo referido a los delitos sin víctima. Delitos graves deben tener penas graves en parte también para evitar que las víctimas se sientas agraviadas y decidan tomarse la justicia por su mano. Pero hay un punto que no se suele tener en cuenta: cuando un delincuente profesional está en la cárcel, no está en la calle cometiendo delitos. Algo que no parece entrar en el cerebro de lumbreras que consideran “paradójico” que España tenga una población reclusa relativamente alta y una tasa de criminalidad baja pero las penas se sigan endureciendo. ¿Y si ese endurecimiento tiene algo que ver con esa tasa? ¿Podría ser?

Lo asombroso para mucha gente de bien es que haya gente que se ponga de parte de la hez de la sociedad, quienes cometen los crímenes más execrables, y defienda sus derechos como si fueran lo más importante del mundo. Es, sin duda, importante que se respeten sus derechos procesales para no meter inocentes en la cárcel. Pero ¿qué tiene de malo que gentuza como De Juana Chaos, el asesino de Mari Luz o los de Sandra Palo no vuelvan a ver la luz del sol? Nada, para una persona normal. Pero es precisamente eso lo que mueve a los ungidos. Para ellos, la política no tiene que ver más que tangencialmente con lo que es bueno para la sociedad en general. No, lo esencial de la política es que les permita diferenciarse para sentirse moralmente superiores a la plebe.

Para esta gente, oponerse a la cadena perpetua revisable, comprender las razones políticas de los asesinos de ETA y demás monstruosidades a las que son tan adictos es una forma de autosatisfacción moral. Una especie de onanismo político. Estas posturas les permiten mostrarse ante los demás como gente que es capaz de estar por encima de sentimientos tan mundanos como la venganza o la necesidad de justicia, que nos afectan a los que no somos como ellos. En el fondo les importan un comino el delincuente y sus derechos: no son más que sus mascotas; lo que les importa son ellos mismos y su necesidad perenne de creerse superiores a los demás. No importa que no lo sean; que, de hecho, moralmente estén a una altura liliputiense. Lo importante es que a ellos les hace sentir bien apoyar que el violador del ascensor salga para seguir violando. Y no hay más.

vía Daniel Rodríguez Herrera – Soy mejor que tú porque me opongo a la cadena perpetua – Libertad Digital.

España: Asociación de jueces cree que la cadena perpetua aprobada en España es inconstitucional / Sputnik Mundo

La prisión permanente revisable para delitos de terrorismo que se acaba de aprobar en España es “inconstitucional”, según aseguraron a Sputnik Nóvosti expertos de la Asociación de Jueces para la Democracia, una de las más importantes de España.

“La prisión permanente revisable, la cadena perpetua, es incompatible con la Constitución española”, señala Joaquim Bosch, portavoz de la asociación.

La Carta Magna indica que la finalidad de las condenas debe ser la reinserción social y además prohíbe las penas que puedan ser inhumanas o degradantes.

Ante esta situación, los magistrados lo tienen claro. “Que una persona esté condenada eternamente es una condena de tipo inhumano y además es incompatible con la reinserción social”, señala Bosch a esta agencia.

El presidente del Gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, el socialista, Pedro Sánchez, han firmado este lunes un pacto para luchar contra el terrorismo yihadista que aprueba la cadena perpetua para los condenados por acciones con víctimas mortales.

“Nosotros recalcamos que hay que actuar contra estos delitos”, señala el portavoz de la asociación, “pero no con instrumentos contrarios a los derechos humanos y a la dignidad de las personas”, añade.

Bosch destaca que en España actualmente se pueden cumplir hasta 40 años de condena, un sistema penal extremadamente severo.

Sin embargo, con las medidas aprobadas hoy cree que “se endurecerá mucho más” y “alejará a España de sus vecinos europeos en materia penal”.

Con la nueva normativa, las condenas de los delitos muy graves, entre las que se contempla el terrorismo, serán revisados tras cumplir entre 25 y 35 años de prisión, pero tendrán una duración indefinida.

En ese momento se realizará un pronóstico para saber si el condenado es favorable a la reinserción social, y de no ser así, podrá continuar en prisión de por vida.

vía Asociación de jueces cree que la cadena perpetua aprobada en España es inconstitucional / Sputnik Mundo.

España: Cadena sobre cadena perpetua

España tiene una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo, pero el Gobierno ha decidido establecer una suerte de cadena perpetua. España tiene el mandato constitucional de favorecer la reinserción de los presos y, sin embargo, apenas emplea las penas alternativas a la prisión y va a convertir numerosas faltas en delitos. España tiene una de las mayores tasas de población reclusa de Europa, pero el Ejecutivo ha considerado conveniente endurecer las reglas del juego de la libertad condicional. La última reforma del Código Penal, aprobada en el Congreso la semana pasada por el PP en solitario, es una enorme paradoja que ha soliviantado por anticonstitucional a la mayoría de jueces, abogados y catedráticos de derecho penal consultados, pero que también ha supuesto un consuelo para las víctimas. Al menos, para algunas.

La Constitución obliga a penas orientadas hacia la reinserción

El punto más caliente es la prisión permanente revisable, lo más parecido a la cadena perpetua,abolida durante la dictadura del general Primo de Rivera en 1928 y excluida de todas las modificaciones legislativas posteriores. La actual ha sido pensada, entre otros, para los asesinos en serie, los integrantes de bandas terroristas, los autores de la muerte de menores o personas discapacitadas, los agresores sexuales que acaben con la vida de su víctima o los responsables del homicidio del Rey o del Príncipe heredero de la Corona. O dicho de otra manera, para los autores de “crímenes que causan una especial repulsa social” o “delitos de excepcional gravedad”. Estos criminales, condenados a cárcel de por vida, pasarán un examen, a los 25 o 35 años de entrar en prisión, según los delitos, para ver si están rehabilitados. Si lo están, saldrán de la cárcel y pasarán entre cinco y 10 años en libertad condicional. En caso contrario, continuarán entre rejas y volverán a ser evaluados en el plazo que se establezca.

“La lucha ha merecido la pena. Lo hemos conseguido, ¡viva la cadena perpetua para pederastas asesinos!”. Juan José Cortes, padre de Mari Luz, la niña asesinada en enero de 2008 en Huelva por el pederasta Santiago del Valle, celebró así la pasada semana la instauración en España de la prisión permanente revisable. La muerte violenta de su hija y el asesinato de Marta del Castillo en 2009, y el espectáculo mediático alrededor de ambos crímenes, alentaron un debate sobre la conveniencia de endurecer el castigo ante crímenes que causan una especial alarma social. Rajoy recogió el testigo que ahora aplauden los afectados por este tipo de delitos.

“Nos dejan sin instrumentos para regular conductas”, dice un funcionario

En el asesinato terrorista hay un hecho diferencial a tener en cuenta y que justifica esta condena. El que mata no solo desea matar, quiere sembrar el terror”, señala Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). “Nosotros no queremos venganza. Queremos justicia”.

José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Málaga, cree que la prisión permanente revisable “es una pena innecesaria en nuestro ordenamiento. Para empezar”, dice, “no entiendo la necesidad de esta decisión cuando tenemos una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo, lo que vale también para delitos violentos graves”. El propio Gobierno, en un balance realizado en 2013 por el Ministerio del Interior, se vanagloria de que “España es un país seguro”. Los datos que aporta son elocuentes. El número de crímenes por cada mil habitantes ha ido reduciéndose de forma paulatina desde los 51,9 de 2008 hasta los 46,1 de 2013, situando a España en la parte inferior del tablero de la Europa de los Quince. Solo Italia (43,4), Portugal (39,7) y Grecia (29,5) están por debajo en un listado que encabezan Suecia (146,7), Bélgica (96,9) y Dinamarca (85,1). Y si hablamos específicamente de homicidios dolosos y asesinatos consumados, susceptibles de la prisión permanente revisable, España es la nación más segura de todos los países de su entorno.

“La decisión del Gobierno no se sostiene si analizas las cifras. Lo que ocurre es que las fuerzas políticas, no solo el Partido Popular, han descubierto que proyectar una imagen de mano dura da réditos electorales. El Código Penal ha dejado de ser un instrumento de política criminal para convertirse en otro de agitación y propaganda. No necesitamos una cadena perpetua que de hecho ya tenemos”, denuncia Díez Ripollés. “Además, si alguien piensa que con el agravamiento de penas se disuade de cometer un delito grave se equivoca. Todo lo contrario. Crean un mayor enconamiento en las personas que sienten que el Estado no les ofrece ningún horizonte, y cuando la gente no tiene horizonte no suele reaccionar bien. Este tipo de penas son inútiles”, añade Mercedes Gallizo, exdirectora general de Instituciones Penitenciarias.

El derecho penal español, que ha ido endureciéndose, impone el cumplimiento efectivo de hasta 40 años de prisión a quienes cometan delitos muy graves. Y, por ejemplo, los terroristas de ETA con pena máxima que hayan pagado parte de su condena en Francia podrían pasar aún más tiempo en la cárcel, después de que el Tribunal Supremo negara la posibilidad de descontar los años de encierro en el país vecino. Tampoco es desdeñable el tiempo medio de estancia en la cárcel. En 2010 era de 18,7 meses, el segundo más alto de Europa después de Portugal (23,3), según datos de un estudio de la Universidad de Málaga elaborado a partir de estadísticas del Consejo de Europa (SPACE 1). “Cabe calificar a día de hoy el régimen penal español como el más severo de Europa occidental en cuanto a la duración de la pena de prisión ordinaria”, dice Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Madrid.

La prisión permanente revisable, como esgrime el Gobierno, es una “pena habitual en el derecho comparado”. Existe en Austria, en Luxemburgo, en Bélgica, en Gran Bretaña, en Italia, en Holanda, en Alemania… sí. Pero 40 años de cárcel es una condena más dura que la prisión permanente revisable vigente en Austria y Luxemburgo, donde el preso puede pedir la libertad condicional cuando ha cumplido los 15 años de condena, o en Bélgica, donde puede hacerlo entre los 15 y 23 años. 40 años de cárcel es una condena más dura que la prisión permanente revisable de Alemania, donde las penas vuelven a reconsiderarse como norma general a los 15 años.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera esta figura penal “muy razonable” y “coherente”. En los documentos enviados a este periódico para defenderla, el ministerio argumenta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado la compatibilidad de esta medida con el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que dice que “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos y degradantes”. Y así es. Lo que no dice, señala Julián Ríos, profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas, es que el mismo tribunal también ha dictado resoluciones que denuncian que la prisión permanente revisable vulnera el artículo 5, el que obliga a buscar la reinserción de los presos.

La reforma del Gobierno satisface a las víctimas: “Queremos justicia”

No es una jurisprudencia baladí para España, único país de los antes citados que incluye en la Constitución la obligación de que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad” estén “orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. ¿Es entonces la prisión permanente revisable anticonstitucional? El Consejo de Estado cree que no porque no somete al preso a un trato degradante o inhumano y porque, al ser revisable, abre la puerta a la libertad condicional. El Consejo General del Poder Judicial, en cambio, igual que el Consejo General de la Abogacía, opina que choca claramente con la Ley Fundamental.

“Los autores ignotos de esta reforma, que se han inspirado en el modelo alemán, deben haber leído mal la sentencia del Tribunal Federal de ese país, que dice que a partir de los 15 años de reclusión se empiezan a producir daños muy gravosos permanentes que hacen que una persona sea ya difícilmente reinsertable”, dice Cancio. “La vida en prisión incrementa el aislamiento, el recelo y la desconfianza frente a los demás, se construye una nueva cárcel dentro de la cárcel”, apoya Ríos. “La persona tiende a aislarse. Ello genera graves consecuencias en la forma de afrontar las relaciones cuando la persona sale de prisión y tiene que volver a establecer relaciones sociales”.

Las cárceles españolas llevan cuatro años consecutivos perdiendo población por la reforma penal aprobada en 2010, que rebajó las condenas máximas para el tráfico de drogas y que ha supuesto la excarcelación de un importante número de muleros o transportistas de estupefacientes. Pero este país tiene, pese a todo, una de las mayores tasas de población reclusa de Europa: 147 presos por cada 100.000 habitantes frente a los 98 de Francia o 79 de Alemania. En la comparativa mundial España sale mejor parada. Estados Unidos tiene 716; Barbados 521, y Rusia 475, como recoge un informe del International Centre for Prison Studies de la Universidad de Essex publicado en noviembre de 2013. En total son 65.020 las personas que estaban privadas de libertad a principios de este enero en 97 centros penitenciarios, el 92,4%, hombres, según datos de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP). Cada uno cuesta al erario público unos 24.000 euros al año.

“Proyectar imagen de mano dura da réditos electorales”, dice un catedrático

Los expertos creen que España abusa de la pena de cárcel. Que habría que invertir más en prevención y utilizar otras figuras ya existentes en el ordenamiento con las que resultaría más fácil cumplir con la tan traída reinserción. Y citan trabajos en beneficio de la comunidad, las multas proporcionales a los ingresos, o el arresto de fin de semana que instauró el Código Penal con escaso éxito. “No sabemos cómo hubiese podido funcionar porque no establecieron los centros y los jueces se resistían a meterlos en la cárcel, así que lo abolieron”, cuenta Cancio. “Esto sin inversión no funciona y aquí solo se ha invertido en prisiones [hay cuatro centros sin abrir por falta de recursos]. Tener personas formadas en psicología, médicos o funcionarios de prisiones cuesta más y no tiene tanto retorno político como la prisión permanente revisable”.Quienes mejor pueden anticipar los efectos que tendrá en la cárcel la prisión permanente revisable son los funcionarios de prisiones, un colectivo diezmado por los recortes que ahora integran 21.529 personas. “El planteamiento que hacen de revisión de condena es tan lejano en el tiempo que dejas al preso sin salida y a los funcionarios sin ningún instrumento para regular su conducta, dice uno de ellos. “Además, por la tipología de los delitos a los que se aplicará hablamos de presos generalmente muy peligrosos que, al no tener esperanza, pueden acabar actuando contra el sistema y alterando la convivencia en las cárceles”, añade José Ramón López, presidente de ACAIP. “Los presos necesitan de un estímulo para cambiar su actitud”, abunda Gallizo. “Desde el punto de vista de los derechos humanos la cadena perpetua es difícilmente tolerable, una persona necesita saber cuál es su horizonte vital y si puede intervenir haciendo algo positivo para cambiar su situación o salir antes en libertad condicional”.

Libertad más condicional

M. M.

La reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno de Rajoy tiene un marcado carácter regresivo que va a aumentar la presión demográfica en las cárceles, según coinciden los expertos consultados. No hablan solo de la prisión permanente revisable, que tendrá un impacto mínimo en el número de reclusos. Hablan de la conversión de la mayoría de faltas en delitos y, sobre todo, del endurecimiento de la libertad condicional, por la que un preso puede cumplir el último periodo de la condena de cárcel en la calle, sometido a unos controles. Esta figura será ahora más benevolente con quienes purgan su primera pena corta en prisión —podrán solicitarla cuando hayan llegado a la mitad—, “pero se regula de forma claramente nociva”, resume un jurista de Instituciones Penitenciarias que prefiere mantenerse en el anonimato. “Ya no será una fase de cumplimiento de la condena sino que pasa a ser regulada como una suspensión”.

Ahora mismo, una persona condenada a ocho años de cárcel puede salir a los seis, tras cumplir tres cuartas partes de la condena. Cuando completa los dos años restantes en libertad condicional, se extingue la pena. Con el nuevo Código Penal, salvo que sea modificado en el Senado, no ocurrirá así. Si el interno comete un pequeño delito en el último día de la libertad condicional o “incumple gravemente las condiciones impuestas, la libertad será revocada y deberá cumplir toda la pena que restaba”, según el texto. “Esto es una barbaridad y afecta a todos los presos. Va a tener enormes consecuencias”, denuncia el funcionario. “Nuestros internos son gente marginal, tienen problemas de toxicomanía, no son ladrones de guante blanco. Se les está poniendo encima una espada de Damocles y se está atentando contra el principio de seguridad jurídica porque no pueden saber cuándo van a poder acabar de cumplir la pena. Es una auténtica aberración”.

Cadena sobre cadena perpetua | España | EL PAÍS.