Ecuador: Muere un español en una cárcel de Ecuador y su familia pide ayuda económica para repatriar el cuerpo – Mundo – Noticias, última hora, vídeos y fotos de Mundo en lainformacion.com

El ciudadano español Ronaldo Guillermo Smith Soto ha muerto repentinamente en la cárcel ecuatoriana de Latacunga, según ha comunicado esta noche la embajada española en aquel país a su familia, residente en Sevilla. En declaraciones a Europa Press la mujer del fallecido ha explicado que, según les han informado las autoridades, el coste de repatriar a España los restos mortales de su marido asciende a 10.000 euros, una suma que califica de inalcanzable en estos momentos ya que ella se encuentra en paro y tiene tres hijos.

“Lo único que quiero es tenerle aquí, allí no quiero que se quede porque lo trataron como a un perro”, suplica entre lágrimas Esperanza, la mujer del fallecido, quien relata que ha sido esta noche cuando recibió la llamada de la embajada para informarle de que su marido había muerto a consecuencia de un paro cardiaco tras dos años en cárceles ecuatorianas.

Ronaldo Guillermo tenía 51 años y deja tres hijos de 22, 12 y ocho años de edad. Hace dos años fue detenido en Ecuador intentando sacar del país una cantidad de droga liquida en una botella de champán por lo que fue condenado a cinco años de prisión. Según la familia, ya tendría que haber sido trasladado a España para seguir cumpliendo su condena en una cárcel española, pero no fue posible por “un problema con los papeles”.

“El jueves estaba bien”

Esperanza muestra sus dudas acerca de la versión oficial de su muerte. “Yo ya no sé lo que pensar, desde la Embajada me dijeron el jueves que le habían visto y que estaba bien, si acaso un poco constipado por lo que se estaba tomando unas pastillas. No estaba enfermo”, narra. En caso de que no pueda pagar los 10.000 euros, le ofrecen traer sus restos ya incinerados por 900 euros y, si no, enterrarlo en Ecuador.

Su esposa dice que llevaba dos meses sin poder hablar con él: “antes de ingresar en Latacumba hablábamos todos los días gracias a un teléfono que tenía un compañero suyo, nos mandábamos hasta mensajes de WhatsApp y fotos, pero desde que llegó a la cárcel nueva se cortó en seco, sólo llamadas de vez en cuando y nunca más de tres minutos porque se cortaba. Pero ahora llevábamos dos meses sin poder hablar con él”.

Esperanza se declara desesperada y pide ayuda para conseguir que traigan su cadáver. Indica que empezará con el alcalde de su localidad natal San José de la Rinconada (Sevilla) y advierte de que desde la Embajada le han facilitado un número de teléfono en el que le pueden dar una ayuda económica.

62 españoles muertos entre los años 2010 y 2014

Según una respuesta parlamentaria escrita a la que tuvo acceso Europa Press, el Gobierno informa de que un total de 62 españoles han muerto entre el año 2010 y el pasado 2014 en centros penitenciarios en el extranjero, la mayoría de ellos en países sudamericanos. El Gobierno admite que hay cárceles que “no garantizan un nivel mínimo sanitario” y aunque valora “muy positivamente” la labor de sus consulados asegura que va a “redoblar esfuerzos” en la asistencia a los presos españoles en el extranjero.

La situación en Ecuador cuenta además con una particularidad. La burocracia y la lentitud de la Justicia ecuatoriana mantiene en prisión a medio centenar de españoles condenados en su día por ese país por tráfico de drogas y que ya deberían estar en libertad. La razón es que Ecuador aprobó en agosto una reforma de su Código Penal que regula los años de condena en función de la cantidad de droga incautada (antes era un mínimo de ocho años para todos). Pese a su entrada en vigor, estos 50 españoles se encuentran a la espera de que revisen sus condenas sin que las autoridades de ese país hayan establecido siquiera a qué juez tienen que acudir.

Actualmente son cerca de 200 los españoles que cumplen condena por este motivo (el 15% son mujeres), la mitad en cárceles de Ecuador y la otra mitad ya han sido trasladados a prisiones españolas. Del grupo que ya tiene su condena cumplida 10 permanecen allí y otros 40 están en España en una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica, según informa a Europa Press la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española. Esta institución lleva meses haciendo gestiones con las autoridades de ambos países para hallar una solución.

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