Chile: Columna de opinión Harboe y la cárcel

En su columna de 5 de marzo de 2015, Felipe Harboe enfrenta mi crítica a su adhesión al proyecto de «agenda corta de seguridad» impulsado por el actual Gobierno. Aunque aplaudo su disposición al diálogo, creo que el senador vuelve a ofrecer argumentos frágiles.

Primero que nada, quisiera aclarar que Felipe Harboe tiene razón cuando me acusa de creer que el proyecto ofrece una reivindicación absoluta e indiscriminada de la cárcel. Sigo creyéndolo. Es más, creo que expresa un programa político noventero, que naturaliza la inequidad social del modelo económico chileno y criminaliza a los más pobres, ofreciéndoles la cárcel como única alternativa. Me apoya en esta aseveración el Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales del año 2012, que sostiene: «La política criminal chilena ha ido en constante expansión, utilizando [la] privación de libertad de manera desmedida en contra de los sectores más vulnerables de la población ».

Quisiera insistir también en que la inseguridad ciudadana no es una realidad que debamos enfrentar. Ante la falta de claridad sobre sus orígenes, medición y efectos, la política criminal debiese centrarse en los niveles de delincuencia  efectiva  con el propósito de atacar el origen del problema (la exclusión social y la segregación) y no sus supuestos síntomas (la inseguridad).

Para respaldar sus dichos, el senador parece haber hecho un trabajo de recopilación bibliográfica bastante intenso. Sin embargo, la evidencia que cita no solo es ajena a la realidad nacional, sino que no es de ningún modo concluyente. Si bien existe literatura que respalda la eficacia de la prisión (en Estados Unidos), también existen estudios que comprueban que esta tiene un efecto disuasivo mínimo y marginalmente decreciente (Travis, Western y Redburn, 2014) y, más importante aún, que los daños y costos sociales de la cárcel son mucho mayores que los beneficios que genera. En «La cárcel como máquina de la desigualdad» explico cómo la prisión produce envejecimiento prematuro, deterioro físico y psicológico, desarraigo familiar y social, además de reproducir la criminalidad a nivel de individuos, familias y comunidades. Por último, la evidencia (ahora sí, chilena) demuestra que dejar de delinquir depende en gran medida de tener trabajo estable, usar de modo sano el tiempo libre y compartir con pares prosociales de conducta (Instituto de Sociología, Universidad Católica, X Congreso de Violencia y Delincuencia). Ni el sistema de justicia ni la cárcel han sido capaces de ofrecer estas herramientas de inclusión social.

Resulta escalofriante la frivolidad con que las autoridades proponen la cárcel como solución. El senador Harboe hace unos años criticaba el aumento de penas e instaba al Gobierno a elaborar proyectos de política social de largo plazo, terminar con el hacinamiento penitenciario, disminuir los niveles de conflictividad en los sectores más desposeídos, y darles mayor educación, empleabilidad y emprendimiento a los jóvenes que se encuentran en riesgo social. Hoy, en cambio, genera alianzas con el senador Espina para fortalecer la cárcel como respuesta de política pública.

Para colmo, en su columna del jueves 19 de marzo, publicada en el editorial de El Mercurio, Harboe parece abogar por que se apliquen las políticas de truth-in-sentencing en Chile (que les exigen a los jueces imponer penas obligatorias sin atender al caso concreto), medida totalmente desaconsejable, ya que contribuye a aumentar irracionalmente la población penal. Todo esto fuerza a concluir que la cruzada moral del senador Harboe se centra en la pequeña criminalidad patrimonial sin abordar directamente la exclusión social o las violaciones de derechos humanos que se producen diariamente en las cárceles chilenas.

En ONG Leasur, desde donde escribo, hemos constatado sin mucho esfuerzo que los más pobres no acceden ni a abogados de lujo ni a cárceles exclusivas una vez que son condenados (como los imputados de recientes escándalos políticos). El mercado estratificado de la justicia penal chilena mantiene a los presos pobres en condiciones infrahumanas, en recintos estatales donde se les humilla, tortura y excluye de la comunidad política. Por esta razón, no resulta sorprendente que la cárcel se transforme, a largo plazo, en una máquina para producir población precarizada; apremiada a seguir delinquiendo una vez que sale en libertad. Afortunadamente, en los últimos días han surgido voces más consistentes, agudas y críticas, como la de Sergio Muñoz en la Corte Suprema, capaces de instar por la racionalización de las penas contra los más pobres.

Finalmente, resulta escalofriante la frivolidad con que las autoridades proponen la cárcel como solución. El senador Harboe hace unos años criticaba el aumento de penas e instaba al Gobierno a elaborar proyectos de política social de largo plazo, terminar con el hacinamiento penitenciario, disminuir los niveles de conflictividad en los sectores más desposeídos, y darles mayor educación, empleabilidad y emprendimiento a los jóvenes que se encuentran en riesgo social. Hoy, en cambio, genera alianzas con el senador Espina para fortalecer la cárcel como respuesta de política pública.

Invitamos al senador Harboe a retomar sus propuestas del pasado y ―antes de promover el uso de la cárcel― empezar a trabajar en pos de que se establezcan condiciones carcelarias dignas, se instale la figura del juez de ejecución penal, se dicte una ley de ejecución penitenciaria y se les restituya a los presos su derecho a voto. Solo después de hacer este trabajo, podría ofrecernos la cárcel como alternativa de castigo digna y justa. En el intertanto, lo instamos a detener aquellos proyectos legislativos que promueven el uso selectivo del aparato penal estatal contra los más pobres.

Harboe y la cárcel – El Mostrador.

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