España: Justicia y crisis del Estado

La crisis del Estado es uno de los temas públicos más comunes de nuestro tiempo. Desde muy diversos frentes y perspectivas es objeto de comentarios. La cantidad de ellos es tan grande, que las cosas comienzan a confundirse. ¿Es el Estado mismo el que ha dejado de cumplir las funciones con que se le dotó, o son algunos de sus componentes o elementos relacionados los que dejaron de ser eficaces? ¿No serán los partidos los que convertidos en meras maquinarias electorales han dejado de cumplir funciones básicas de representación, o la Presidencia de Gobierno o sus administraciones las que son incapaces de enfrentar los desafíos presentes? A veces, los reclamos se dan por pensar que el Estado o, al menos, la masa de conceptos a los que acabo de aludir, es insuficiente, por ejemplo al regular o al distribuir; a veces, por el contrario, se reclama que el problema está en los excesos, sea por vigilar o reprimir de más o por aprovechar el dinero público con el más triste de los patrimonialismos. En todo lo que se dice y lo poco que se hace hay, sin embargo y curiosamente, una gran ausencia: la impartición de justicia.

¿Qué se dice de ella en los diagnósticos de nuestro tiempo? Que es esencial para la construcción de un Estado de Derecho, que debiera garantizar la legalidad y la constitucionalidad, que los juzgadores debieran ser autónomos e independientes, que mediante ella debieran resolverse los conflictos sociales y poco más. Al proceder así, el problema aumenta. Se quiere que los jueces sean aplicadores ilustrados, rigurosos, técnicos e imparciales de un determinado orden jurídico. Su máximo grado de desarrollo, según esas formulaciones, radicará en su pleno sometimiento a las normas jurídicas creadas por legisladores y administraciones. El problema con esta determinación está en exigir a los jueces reproducir el orden jurídico que, precisamente, está sometido a numerosas críticas. Como si no hubiera ninguna línea de continuidad entre dos partes del discurso sobre la realidad, se quiere que los jueces cumplan con el derecho que expresa las maneras de ser del ejercicio político cuestionado. La encrucijada es notable: si se acata el derecho, se cumple con la misión que los jueces modernos tienen asignada, aun cuando ello los constituya en reproductores del mal statu quo; si no se acatan las normas porque se quiere enfrentar tan mal estado de cosas, se ignoran las maneras admisibles de impartir justicia.

La utilidad de la función judicial en los momentos de crisis que vivimos explica que no se le haga objeto de crítica cuando se critica al Estado

Creo que la utilidad de la función judicial en los momentos de crisis que vivimos explica que no se le haga objeto de crítica cuando se critica al Estado. Que ella sea un algo aparte, genera ventajas para todos. A los jueces se les puede seguir asumiendo como ejecutores de un algo que no construyen y que por definición tienen que reproducir con independencia de lo que de él piensen. A las élites dominantes, políticas o económicas, porque las materializaciones concretas pueden atribuirse a los jueces que, finalmente, privaron de la libertad o el patrimonio a quienes actualizaron los supuestos generales y abstractos previstos en la ley.

La función judicial es determinante de los modos como las sociedades y los individuos se articulan, componen y transforman. La labor se hace detenida, silenciosa, constante y técnicamente. Salvo los pocos casos que interesan más por los personajes involucrados que por lo que en ellos haya de decidirse, pasa desapercibida y así también sus consecuencias y efectos. Incorporar la función judicial a las discusiones sobre la crisis del Estado y sus posibles soluciones, no es un tema que debiera ocupar sólo a quienes trabajan con el derecho. Es un componente importantísimo de la manera en que debe construirse la civilidad y la convivencia de todos. Al no hacerlo, se está dejando un espacio amplísimo a la dominación política, inteligentemente oculta bajo los ropajes de una supuesta neutralidad técnica.

José Ramón Cossío Díaz es ministro de la Suprema Corte de Justicia de México. Twitter: @JRCossio

vía Justicia y crisis del Estado | Internacional | EL PAÍS.

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